En Managua, la policía dispersa con violencia a manifestantes que protestaban porque la Asamblea Nacional prohibió, tras presiones católicas y protestantes, el aborto terapéutico, decisión arbitraria que condena a muerte a numerosas mujeres (Reforma, 5 de octubre).

Una muestra de lo que pasa cuando las creencias religiosas se usan como criterio para decidir en temas de salud y bienestar social.

Mientras tanto en México la jerarquía católica, apoyada por el Vaticano y el Colegio de Abogados Católicos, exige “libertad religiosa plena” y promueve una reforma constitucional a los artículos 3, 24 y 130, con objeto de impartir educación religiosa en las escuelas, que las iglesias puedan poseer estaciones de radio y tv y los ministros religiosos puedan asociarse con fines políticos, ser votados a puestos de elección, oponerse a leyes del país, realizar proselitismo...

En realidad no se busca libertad religiosa, que ya se tiene, sino echar atrás el concepto de sociedad laica. Hay buenas razones, sociales e históricas, para tener las leyes que tenemos.

Una es que sufrimos ya una guerra civil, la cristera (1926-1929) ocasionada por la oposición entre Iglesia y Estado: no queremos que pueda repetirse. Otra es que los ministros católicos le deben obediencia al jefe de un Estado extranjero (el Vaticano), por lo que ser funcionarios públicos los llevaría a un conflicto de intereses.

Pero quizá lo más importante es que, a diferencia del pensamiento científico, que fomenta el espíritu crítico y exige pruebas que sustenten lo que se afirma, la educación religiosa promueve la fe: creer algo, por absurdo que sea, sin necesidad de pruebas. Por algo la Constitución exige una educación a la vez laica y científica: se trata de dar a los ciudadanos herramientas útiles en una democracia.

La religión pertenece naturalmente al ámbito de lo privado. Como aclara el especialista en relaciones Iglesia-Estado Roberto Blancarte ayer en MILENIO Diario, la actuación de la Iglesia católica es eminentemente política.

Y como señaló Claudia Ruiz Arriola el viernes en Reforma, “la democracia católica... es una contradicción en términos. La democracia niega, por principio, los dogmas sobre los que asienta su poder terrenal la Iglesia católica: la existencia de una verdad absoluta y la infalibilidad de una persona.” Parece increíble que haya que tener nuevamente ese debate.