El único asunto que se pudo presumir en la política científica del sexenio pasado fueron los estímulos fiscales para empresas que invierten en investigación, pues fue lo poco que creció hasta llegar al récord de 4 mil 500 millones de pesos.

Los recursos a investigación básica y la repatriación de investigadores sufrieron bajas considerables y otros temas como las becas de posgrado al extranjero y el número de investigadores se mantienen en cifras raquíticas para un país con más de 100 millones de habitantes y con una economía ubicada entre las primeras 15 del mundo.

Pero los estímulos han tenido un crecimiento enorme si se considera que tan sólo en el 2000 hubo sólo 300 millones. Ahora el problema no es el monto, sino la transparencia y las reglas de operación, pues en lugar de estimular la inversión en desarrollo tecnológico se ha convertido en otro mecanismo, de los muchos que ya existían, para evadir impuestos.

De esta manera, empresas como 3M, Volkswagen y otras trasnacionales se ubican entre las principales beneficiarias. Esas empresas no invierten en investigación tecnológica e innovación en nuestro país sino que lo hacen en sus países de origen o en sus centros de investigación que, curiosamente, ninguno se ubica en México.

El único que aparentemente hace “innovación”, que no investigación, es General Motors, pues en su planta en el Estado de México realiza diseño por computadora, pero eso, a todas luces, no es innovación ni mucho menos investigación tecnológica.

Uno de los problemas centrales es que los estímulos fiscales son muy laxos, como todo lo que tiene que ver con las grandes empresas, muchas de las cuales, como el mismo gobierno lo hizo público, pagaron menos de 100 pesos en impuestos el año pasado.

Para muchas empresas innovar es comprar equipo, pagar estudios de posgrado a empleados o importar herramientas de pruebas. Esto no es innovación.

Por ello, el intento panista de separar a la innovación del proceso de investigación tecnológica es un riesgo más que permitirá la evasión fiscal en lugar de ser una herramienta poderosa para incentivar la participación de las empresas en la ciencia y la tecnología.

La nueva propuesta de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está preparando la comunidad científica mexicana, podrá ser una buena herramienta para impedir los paraísos fiscales. Sólo faltará, como siempre, aplicarla.